¿AUTONOMÍA VERDADERA DEL PODER JUDICIAL?

POR: MARCO ANTONIO BAÑOS AVENDAÑO

Sin asesoría constitucional, el Gobernador Gabino Cue Monteagudo, le apuesta a lo que afirmaron hace varios siglos los sofistas de la lógica torcida, cuando afirmaron que: “una mentira repetida mil veces constituye una verdad absoluta”, con una campaña publicitaria en televisoras de paga, que propalan que las reformas recientes a la Constitución local, son “históricas” y representan un avance para la vida democrática de nuestro Estado. Empero, en un análisis riguroso de estas reformas, principalmente en lo concerniente al “fortalecimiento del Poder Judicial”, y a otras figuras introducidas, como: 1.- la Creación del Consejo de la Judicatura, 2.- La nueva Sala Constitucional, 3.- el Juicio de protección a los Derechos Humanos, 4.- Las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad, conllevan a determinar que estas “reformas” que ahora constituyen el orgullo del “Gobernador del Cambio” y las califica como innovadoras, no lo son. En efecto, no pueden atribuírsele este calificativo a estas reformas, ya que no representan un avance constitucional, ni le otorgan mayor autonomía al Poder Judicial, cuando este Poder nunca ha tenido “autonomía”, desde su creación en la Constitución Local de 1825, siempre ha sido un “apéndice” del Poder Ejecutivo, y el principio de separación de Poderes ideado por Montesquieu, en nuestra entidad nunca ha existido.

Este Poder Judicial, cuyo nombre solamente es “gramatical”, pero nunca ha logrado ni logrará su “independencia y/o autonomía”, mientras siga siendo “botín político” u objeto de “negociación”, a cargo de grupos políticos que acceden a la Gubernatura, como sucedió en las elecciones pasadas, en el que el Grupo político coaligado que ganó la Gubernatura, le otorgó el “usufructo político”  del Poder Judicial,  al dueño de un Periódico y cabeza visible de una cofradía que durante años ha estado incrustado en las lides políticas. A caso, el Gobernador del Cambio ¿no sabía cuando entregó esta “cuota de poder” que la Constitución Local de 1922, ya contemplaba la división de Poderes…? Por eso se explica que los Magistrados de ese “Poder Judicial autónomo”, a principios del año hayan “votado” en unanimidad por el sobrino del editor periodístico para que Presidiera ese Poder Judicial como “pago político” para que el Gobernador actual haya accedido al Poder. Se permitió la negociación “política” del Poder Judicial, y de los órganos de “procuración de justicia y seguridad pública”, y aún así, se afirma que estas reformas representan un “avance democrático”, y se gasta el erario del pueblo para que repitan mil veces esta mentira.

Estas reformas no representan ningún avance democrático, menos significan o garantizan una “autonomía” al Poder Judicial, su composición esta hecha de políticos fracasados, litigantes, priistas frustrados, no existe la Carrera Judicial, un Juez común y cualquiera, difícilmente escalará hasta el cargo de Magistrado, sin un “padrinazgo político”, por eso es que existen “Jueces sexenales” termina su padrino político y se van. Los Jueces son “temerosos”, actúan por indicaciones de los intereses de la “Presidencia”, por eso se llaman de “consigna”, son “jueces miedosos”, a parte sus “salarios” son raquíticos.

Con la creación del Consejo de la Judicatura, constituirá un órgano burocrático, con cargo más al erario público, aparte de que en esas reformas, aluden a que estará integrado por cinco integrantes, un Juez, un Magistrado, un Representante del Ejecutivo y uno del Legislativo, lo que significa un atropello a la “autonomía” del Poder Judicial y una violación al principio de la división de poderes, porque: ¿Qué tiene que hacer un representante del Poder Ejecutivo y del Legislativo en el Poder Judicial? Acaso, ¿También existe un representante del Poder Judicial en los órganos de éstos Poderes?

El Consejo de la Judicatura es una copia del sistema de justicia francés, pero desatienden que aunque en nuestro país ya existe éste órgano a nivel Federal, no ha cumplido los fines para los cuales fue creado, simplemente representa un gigantesco órgano burocrático, que absorbió las facultades del Pleno de la Suprema Corte, y que en lugar de ayudar a ésta en el desahogo de los asuntos administrativos, representa un “Poder de facto” dentro del mismo Poder Judicial Federal, donde existe una rivalidad política entre Ministros y Consejeros, que viene a dar al traste con eso de la llamada “autonomía judicial”, así sucederá en nuestro Estado de Oaxaca, seguramente ya empezarán las “negociaciones” para ir repartiéndose ese “Consejo de la Judicatura” como “botín político”, como aves de rapiña los partidos políticos tratarán de conseguir un lugar en ese Consejo, para desde ahí operar y tergiversar “la justicia”, para torcer el camino de la Ley y para satisfacer sus intereses partidistas.

Muchas voces han surgido desde el interior de ese Poder Judicial Federal, para extinguir éste órgano administrativo, que en lugar de vigilar y administrar, se ha dedicado a perseguir y a hostigar a Jueces y Magistrados que no se adecuen a sus intereses. Tampoco se han transparentado los procesos de exámenes para la selección de Jueces y Magistrados, ya que la mayoría de éstos, han sido asignados por el pleno de la Corte a través del recurso de revisión administrativa, lo mismo sucederá en nuestro Estado; por ejemplo, en uno de los procesos selectivos para Jueces del Juicio Oral, hubo diversas irregularidades y el proceso fue exhibido como ilegal, seleccionándose a “recomendados” que ahora despachan como Jueces del sistema Oral. De nada sirven esas “reformas”, si por sí solas, éstas no harán nada por mejorar el nivel de vida de los oaxaqueños, al contrario, se necesitará más dinero para soportar a nuevos órganos burocráticos, donde seguramente se tendrán que subir más los impuestos para seguir gravando el bolsillo de los oaxaqueños si se justifica esta reforma y más al Poder Judicial para otorgarle la anhelada “autonomía”.

El Gobernador Gabino Cue, debió de empezar a respetar la menguada “autonomía” y haber dejado que éste Poder, eligiera libremente a su Presidente, y no haberlo entregado a un Grupo de “facto”, porque entonces estas “reformas históricas” serán letra muerta; a un ciudadano de a pie, poco le importarán si no encuentra empleo digno, seguridad pública, oportunidad de desarrollarse laboralmente, si vemos como los Gobernantes violan y/o atropellan nuestra Constitución Federal, principalmente el Gobernador del “cambio”, quien reforma las leyes sin el proceso legislativo que crea Fiscalías Especiales, que realiza viajes al extranjero sin contar con facultades para ello, que “impone” a sus ex empleados como funcionarios, que no respeta ni las Leyes que el mismo propuso, que tolera que los miembros de su Gabinete no cuenten con los requisitos legales, entonces para que “alardear” tanto de estas “históricas reformas” si no representan algo importante para el pueblo. Nuestro Estado se encuentra naufragando en un mar de impunidades y desaciertos, el proceso electoral reciente resultó un engaño al pueblo, y al final las “cofradías y las ínsulas” de Poder, terminaron por  atrapar al candidato electo a la Gubernatura, y le impusieron sus intereses, como si ellos representaran la voluntad popular.

Desde hace varias décadas, el Poder Judicial ha estado sometido y maniatado a los intereses del Poder Ejecutivo, cada sexenio curiosamente se elige un Presidente que es afín a los intereses del Gobernador en turno, el ex Gobernador Heladio Ramírez López en 1896, “impuso” en la Presidencia del Tribunal a Fernando Barrita López, pasando por encima de sus integrantes; el ex Gobernador Diódoro Carrasco, “impuso” a un abogado

litigante: Roberto Pedro Martínez Ortiz, y después de cuatro años, lo pasó a la Procuraduría, advirtiéndose claramente la intromisión del Ejecutivo en el Judicial, ya que Roberto Pedro Martínez, siendo titular de un Poder (judicial), pasó a ser empleado del Gobernador al despachar como Procurador de Justicia, peor aún, que mientras la H. Cámara de Diputados decidía si se ratificaba o no a Don Agustín Márquez Uribe como Magistrado de ese H. Tribunal, éste ya estaba despachando como Presidente de ese Tribunal,

como se ve existe un claro desprecio a la Constitución, aunque ahora se diga que las “reformas” son “históricas”, como también son históricas sus múltiples violaciones. José Murat “impuso” al político priista Raúl Bolaños Cacho como Presidente y con Ulises Ruíz

Ortíz “impuso” primero a un abogado litigante: Alejandro Enrique Figueroa, y a los pocos meses volvió a entrometerse e “impuso” al priista: Hector Anuar Mafud, pero con el proceso electoral reciente, y cuando todos pensábamos que por primera vez los integrantes de ese Tribunal decidirían libremente sobre su Presidente, el Gobernador del “cambio”, entregó ese Poder a una cúpula de Poder, y ahora despacha como Presidente un Magistrado que dicen curiosamente ganó la votación, resultando electo por un año, pero con miras a quedarse hasta “nueve años” por las recientes “reformas históricas” que el Gobierno del “cambio” se enorgullece.

No es creíble que más de veinticuatro Magistrados hayan avalado esa elección, sabiendo de antemano que existen Magistrados con mayor antigüedad y experiencia judicial  y que hayan sucumbido a los “caprichos” de un Poder de facto ajeno al Judicial. Estas acciones simuladas y amañadas, significan un retroceso en la historia del Poder Judicial, las reformas aludidas nada harán por evitar estas “intromisiones”, porque es el propio Gobernador el que las propicia, el que corrompe o el que “impone”. Habría que pensar con cuánto es que  “doblegaron” esas voluntades tan dóciles de esos Magistrados que simulan una “votación”, para apuntalar a un Magistrado como su Presidente, sabiendo que es una “imposición” y que representa intereses ajenos a la “Justicia” o al “bien común”. Ninguno de estos Presidentes que se han señalado, han hecho un papel digno por la Justicia, simplemente porque representan los intereses del Ejecutivo o de las “cofradías” que los “impusieron”, representan los intereses de su partido, de las arrogancias o caprichos de los Gobernantes en turno, por eso es que no existe en nuestra entidad un Estado de Derecho que tanto pregonan los políticos de la supuesta derecha y la supuesta izquierda o del centro en sus discursos trillados, porque en lugar de pagar costosas campañas de publicidad, deberían de revisar las estructuras corrompidas de ese Poder Judicial y cambiarlas, expulsando a los Jueces y Secretarios corruptos, venales, incrementando salarios y responsabilidades, revisando el perfil y los antecedentes de Magistrados, incrementando los recursos materiales para que cuenten con locales dignos y confortables y no creando más burocracia inoperante, que únicamente hará que los partidos políticos empiecen a repartirse el “Consejo de la Judicatura” como “arena política”, que con un mayoriteo de fuerzas terminen por imponer a sus integrantes, como sucedió recientemente en el Instituto Estatal Electoral y que irá a parar a los Tribunales con el riesgo de que éstos anulen ese proceso viciado de irregularidades.

El Gobernador, tal vez piensa que el pueblo no tiene memoria, pero la historia nos demuestra que siempre el Poder Judicial ha sido un apéndice de la oficina del Gobernador, que ni siquiera sus integrantes han protestado porque seguramente han sido “numismáticamente” recompensados; en este caso, no fue la excepción ni si quiera por este Gobierno que se precia ser del “cambio o de la transición”, que tiene la oportunidad histórica de “cambiar” las cosas, no lo ha hecho, como los Gobernantes del régimen priista han caído en la “simulación” y el engaño, se está viendo de que ésta hecho y de que cultura proviene, el llamado “Gobierno del Cambio”.