Este 7 de abril de 2021, la Alianza por la Libre Determinación y Autonomía (ALDEA) y la Fundación para el Debido Proceso (DPLF, por sus siglas en inglés), la ex-coordinadora de la CRAC-PC Felicitas Martínez (Guerrero) y el consejero Salvador Adame de Cherán (Michoacán) presentaron el informe “La Libre Determinación de los Pueblos Indígenas en México: Experiencias y Regulación” en un evento virtual al que acudieron como comentaristas la Presidenta y Relatora para los Derechos de los Pueblos Indígenas de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola y el Coordinador de Derechos Indígenas del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), Hugo Aguilar.
En el panel se compartió que, si bien el derecho a la libre determinación lo ejercen los pueblos y comunidades cada día, de acuerdo con sus propias formas de vida e identidad cultural, aún persisten un conjunto de barreras en las políticas, marcos legales y el sistema judicial que impiden un cumplimiento pleno del mismo. En primer lugar, no se respeta en los hechos la visión de un Estado pluricultural que reconoce la Constitución, ya que las diferentes instancias del Estado mexicano ejercen sus funciones sin incorporar las perspectivas y cosmovisiones de los pueblos y comunidades y se le imponen obstáculos legales y burocráticos, para ejercer su autogobierno, la aplicación de sus sistemas normativos y de seguridad internos y el ejercicios efectivos de sus recursos y presupuestos propios, como advirtieron los participantes de comunidades, desde la experiencia de autonomía del Municipio indígena de Cherán en Michoacán y de la CRAC-PC en Guerrero.
Lo anterior se ha visto agravado en el contexto de un modelo económico y político de desarrollo en México que ha privilegiado los intereses privados de grandes transnacionales en detrimento de los derechos de los pueblos, imponiendo un modelo privatizador extractivista que ha generado despojo de los territorios, una gran conflictividad social ambiental y agresiones y criminalización en contra de los defensores y defensoras del territorio. La situación también se agrava con la presencia del crimen organizado y de grupos armados en territorios indígenas que actúan con impunidad, corrompiendo y afectando la vida cultural, normativa y física de los pueblos indígenas.
Para transformar de fondo esta grave situación, a partir de las recomendaciones del Informe, las organizaciones y comunidades plantearon ante todo que se requiere la construcción de una nueva relación entre el Estado y los pueblos indígenas en condiciones de igualdad y no discriminación, así como un cambio sustancial del marco jurídico que pasa por modificar la Constitución para reconocer a los pueblos como sujetos plenos de derecho público, y dotarlos de garantías efectivas para el ejercicio de su autonomía y libre determinación, el control real de sus territorios y bienes comunes y la aplicación de sus sistemas de justicia y seguridad propios. Asimismo, deberán ser transformadas las leyes extractivistas como las Ley Minera, la Ley de Aguas y la Reforma Energética para desmontar aquellas figuras legales que provocan la violación de derechos colectivos por megaproyectos.
La Presidenta de la CIDH, Antonia Urrejola, y el representante del INPI, Hugo Aguilar, expresaron su beneplácito por el Informe, que será un material importante para avanzar en los estándares a nivel del sistema interamericano y a nivel de las transformaciones constitucionales, legales y de prácticas que pretenden impulsarse desde el Gobierno.