Demanda Legislatura acciones para evitar estafas a ciudadanía por juegos de azar / #Oaxaca #AsíSomosOax

San Raymundo Jalpan, Oax. 22 de abril de 2022.

 

Diputadas y diputados del Congreso de Oaxaca demandan a autoridades federales, estatales y municipales para que adopten medidas urgentes en contra del juego de azar denominado el “juego de canicas”.

 

En los últimos días, este tipo de distracción se ha observado en las cercanías de centros comerciales de plaza Del Valle, plaza Oaxaca y plaza Bella en donde los empleados invitan a los visitantes a participar ofreciéndoles grandes premios, principalmente electrodomésticos.

 

Una vez que se encuentran participando, las personas van acumulando puntos y en la medida que logran más, los costos para acceder a mejores premios van aumentando llegando a un punto en el que ya no pueden abandonar la partida perdiendo su dinero.

 

Este sorteo consta de números y símbolos a través de un tablero de canicas y la habilidad de quien los manipula influye en el resultado, razón por la cual las y los participantes son estafados dado que desembolsan el dinero que les van pidiendo sin obtener ninguna recompensa.

 

Derivado de diversas denuncias que se han realizado en otros estados del país por esta práctica, la 65 Legislatura ocupada en la economía familiar y para evitar engaños, considera prioritario realizar esta exigencia de atención inmediata a esta situación y así evitar se siga propagando el fraude en este tipo de juegos.

 

En virtud de ello, las y los integrantes del Congreso local exhortan al titular del Ejecutivo, a la Secretaría de Seguridad Pública, al Fiscal General del Estado de Oaxaca, al presidente municipal de Oaxaca de Juárez y al delegado de la Secretaría de Gobernación en la entidad, para que tomen medidas eficaces en contra de este juego de azar, así como la procedencia de los premios que ofrece, los cuales están instalados en plazas comerciales de la capital oaxaqueña.

 

Este punto de acuerdo presentado por el diputado Nicolás Enrique Feria Romero, fue turnado para su análisis y dictamen a la Comisión Permanente de Administración Pública y aprobado por el Pleno con 25 votos.

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